Cualquier lector atento se habrá percatado de que el título de este artículo está formado por las mismas palabras que inspiran el nombre de nuestro equipo de trabajo, pero con el orden invertido.

Justamente el diseño, elaboración, e implantación de programas de cumplimiento normativo o “Compliance”, abordados desde una perspectiva interdisciplinaria, constituye el principal objeto de nuestra actividad y precisamente, como abogado y jurista, resulta entendible que mi primer objetivo, dentro del grupo, esté centrado en las normas reguladoras del “Compliance”, su adecuada interpretación y aplicación.

En la reciente y primera sentencia en que el Tribunal Supremo ha tratado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Sentencia 154/2016), nuestro Alto Tribunal ha tenido oportunidad de indicar que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en nuestro código penal se basa en la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad y en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, la razón relevante a efectos de la afirmar la responsabilidad penal de una persona jurídica, afirma el Supremo: “ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran”.

Pero en este entendimiento del “Compliance”, El Supremo se remite a la también reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, para incidir en la idea de que la “cultura ética empresarial”, la “cultura corporativa de respeto a la Ley” o también llamada “cultura de cumplimiento”, deben ser informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión de delitos, y determinantes a la hora de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Sin perjuicio de los problemas que desde el punto de vista jurídico-penal y encaje con el pº de tipicidad, conlleva,  la exigencia de que la acusación deba  probar esa falta de “cultura ética” o “cultura de cumplimiento”, lo cierto es que con esta sentencia “la cultura ética” adquiere para el Supremo una preponderancia esencial en la gestión de cualquier empresa, y a la postre en los sistemas de prevención de delitos que se implanten  en el seno de la misma, hasta el punto de que podría decirse que sin ética no hay Compliance.

El problema es que el Supremo no indica qué debe de entenderse por “conducta ética” y desde luego la ética, en los tiempos que corren, parece algo antiguo, no merecedor de estudio y reflexión.

La palabra Ética proviene del griego “ethos”, que el diccionario de la R.A.E.  incorpora, sin “h” intermedia – “etos” – y la define como “Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad.”

La ética en Grecia estaba relacionada con una serie de valores que debían guiar el comportamiento humano en  sociedad:  “Frónesis” – Prudencia-; “Areté” –Virtud- y “Eunoia” – Bienquerencia o buena voluntad hacia la gente-.

Dichos principios y valores no fueron muy distintos de aquellos sobre los que luego construyó su Ética Aristóteles, o más tarde Séneca y los estoicos.

Desde un punto de vista jurídico las reglas de la justicia que dió, poco tiempo después, el jurisconsulto Ulpiano, no dejaban de recoger valores “éticos”: “No hacer daño a nadie”; “dar a cada uno los suyo” y “vivir honestamente”.

Pasando el tiempo, la Ética Kantiana, fundada en el imperativo  categórico (separado totalmente de la moral) tampoco estableció principios muy diferentes, aun cuando fueran más abstractos: ”Obra sólo de forma que puedas desear que la “máxima” de tu acción se convierta en una ley universal”, “Obra como si, por medio de “tus máximas”, fueras siempre un legislador en un reino universal de los fines” y “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”.

También para los utilitaristas el comportamiento ético partía de aquello que resultaba intrínsecamente valioso para los individuos.

Si pensamos sobre todas estos principios, valores o descripciones de lo ético, en todas late un mismo “sentido común”; sentido que nos proporciona criterios y valores que nos ayudan a saber que exige el comportamiento ético en cada caso concreto, y cuáles son las razones por las que decimos sentirnos decepcionados con algunos comportamientos, por considerarlos contrarios a la ética.

Es pues este sentido ético compartido el que nos permite afirmar que una entidad será éticamente responsable cuando sea no solo respetuosa con la normativa vigente, sino comprometida con los valores que acabamos de exponer: con tratar a los demás con la dignidad que como personas iguales merecen, con dar a cada uno (empleados, clientes, proveedores, competidores, Comunidad) lo suyo, procurando el mejor estado de cosas para cada uno de ellos.

Para todos los actores de la Sanidad resulta bien conocido que precisamente “la Ética y sus exigencias” ha sido uno de los principios, sino el primero y más importante y trascendental, que ha guiado, ya desde Hipócrates (siglo V A.C.), el comportamiento de los profesionales de la sanidad.

ManuscritoBizantino

Manuscrito bizantino del siglo XI en el que está escrito el Juramento hipocrático en forma de cruz.

Los valores éticos que define el juramento hipocrático son, una vez más, análogos a los que inspiraron a tantos filósofos de antes y después: el respeto a la propia conciencia y dignidad y a la de los demás, maestros, discípulos, y enfermos; el desempeño de la medicina conforme a la lex artis lo que exige un continuo aprendizaje; la consideración de salud y la vida del enfermo como máxima preocupación; el deber de guardar secreto; el rechazo de toda injusticia y corrupción.

Dichos principios son hoy legalmente obligatorios. La Ley General de sanidad reconoce en su art. 10 el derecho de todos en el ámbito sanitario a la: dignidad humana e intimidad, sin poder ser discriminados por el origen racial o étnico, por razón de género u orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social; el derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público; el derecho a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud.

El reto que ya han aceptado importantes centros sanitarios, es integrar el comportamiento ético no solo en el comportamiento de los profesionales sanitarios, sino en la propia gestión y estrategia de la organización, ante el convencimiento de que una vez integrada en la misma, se incrementará la lealtad de los empleados y su productividad, inspirará confianza a los pacientes financiadores, colaboradores y toda la sociedad, añadiendo – en definitiva – valor a la organización.

La implantación de programas de prevención de delitos eficaces solo puede hacerse, según el Tribunal Supremo, desde el compromiso ético. En ese terreno el sector sanitario tiene mucho andado, pero es necesario que dicho compromiso alcance a todos, no solo a los profesionales médicos, sino a todos los departamentos, y colaboradores, empezando por la gerencia.

En definitiva, los programas de prevención de delitos y el compromiso ético son dos elementos complementarios y necesarios, también y particularmente en el sector sanitario, al afectar éste a derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad; o al derecho a la salud.

De ahí que para que un programa de prevención de delitos o “Compliance program” pueda, en su caso, actuar como eximente de la responsabilidad penal, la organización en la que se implante debe necesariamente comprometerse con la Ética. Precisamente de ese convencimiento, ahora puesto en primer plano por el Tribunal Supremo, al analizar en la primera sentencia que aborda la cuestión, los requisitos que debe de tener un programa de Compliance, surge también el nombre de nuestro equipo de trabajo. “Salud, Ética y Compliance”.

 

Licencia Creative Commons
“Compliance, Ética y Salud”. por Luis Suárez Mariño se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

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